La evaluación de la educación superior fue introducida en la agenda universitaria argentina en la década de los noventa. A fin de contar con un primer acercamiento al proceso histórico de conformación de los mecanismos de evaluación en nuestro país, lo invitamos a observar un vídeo en el cual Juan Carlos Del Bello relata su visión y los puntos salientes de las políticas universitarias que marcaron aquella década. Resulta relevante comprender el contexto en el que se desarrolló la reforma y los propósitos de quienes tomaban decisiones tomando en consideración que la ley permanece vigente, no ha sufrido ningún tipo de modificación desde su sanción y es el elemento central de regulación del sistema universitario argentino.

Visualice, entonces, el vídeo propuesto desde el segundo 45 hasta el minuto 1:20. Mientras lo hace, preste especial atención al minuto 01:01 del vídeo; allí, Del Bello relata el debate que se dio oportunamente respecto del modelo de aseguramiento de la calidad a adoptar en el país, si el de la matriz centrada en el mercado o el de la matriz centrada en el Estado.

Con la sanción de la Ley de Educación Superior en julio de 1995, se creó la CONEAU, organismo descentralizado y autárquico que funciona bajo la jurisdicción del Ministerio de Cultura y Educación y actúa como agencia encargada de la tarea de evaluación institucional de las universidades. En relación con el desarrollo de la evaluación de la educación superior en nuestro país durante esa misma década, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) fundamenta de la siguiente manera la necesidad de establecer mecanismos para el aseguramiento de la calidad:

La evaluación institucional de las universidades constituye una práctica novedosa en la Argentina, aunque se realiza desde hace décadas en algunos países. La necesidad de comenzar con esta práctica es una consecuencia, entre otros factores, de la ampliación y consolidación de la autonomía universitaria, de la expansión de la matrícula y de la multiplicación y diversificación de establecimientos; y en otro orden, de los acelerados cambios sociales y económicos que exigen nuevas respuestas por parte de instituciones que deben protagonizar dichas transformaciones (Argentina. CONEAU, 1998: 7).

Según el artículo 46 de la la Ley de Educación Superior (Ley 24521, 1995), sus funciones son las siguientes:

• – Coordinar y llevar adelante la evaluación externa de las universidades.
• -Acreditar las carreras de grado cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, así como las carreras de posgrado.
• – Pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional que se requiere para que el Ministerio de Cultura y Educación autorice la puesta en marcha de universidades nacionales o el reconocimiento de una institución universitaria provincial.
• – Preparar los informes requeridos para otorgar la autorización provisoria y el reconocimiento definitivo de las instituciones universitarias privadas, así como los informes con base en los cuales se evaluará el período de funcionamiento.

¿Cómo cumple CONEAU con estas funciones? Para cumplir con sus funciones, este cuerpo colegiado —integrado, según mandato legal, por doce miembros designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, del Consejo Interuniversitario Nacional, del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas, de la Academia Nacional de Educación y del Ministerio de Cultura y Educación— convoca a miembros destacados de la comunidad académica para constituir las Comisiones Asesoras y los Comités de Pares Evaluadores.